No
obstante los avances en la caracterización de las universidades logrados en la
década de los 80 y 90 urge un nuevo reto para la universidad dominicana
contemporánea. En ese sentido, mediante el Decreto No. 1406 de fecha 13 de
septiembre de 1983 –y su modificación a través del Decreto Número 2129 del 17
de julio de 1984- se crea en República Dominicana el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT) “Con la
finalidad de fortalecer la capacidad científica y tecnológica, pública y
privada del país, a través de la organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo”. A través de esta
acción, se intenta articular por primera vez la ciencia y la tecnología con los
distintos sectores de la sociedad dominicana, incluida la universidad.
Con
esta Ley que rige en República Dominicana se busca perfeccionar el proceso de
reformas que el sistema de Educación Superior, había empezado sucesivamente
desde la etapa post trujillista. La misma, plantea varias reformas que se irán concretando
a través del tiempo. Lo que manifiesta la unificación de la ciencia y la
tecnología con la educación universitaria, esto es, se hace explícita la
finalidad de la universidad como creadora y difusora de la ciencia y la
tecnología en el país.
La
universidad tiene como finalidad básica la promoción de la docencia, la
investigación y la extensión social, pues “siendo la universidad el centro de
investigación por excelencia, hay que asumir que la ciencia y la tecnología
deben compartir el mismo sistema. El ánimo, por tanto, de este amplio
instrumento legal –107 artículos- que cubre muchos aspectos del sistema
universitario dominicano es colocar a la universidad a la vanguardia, lo que
implica, nuevas visiones educativas y, por ello, renovados retos nacionales.
Este
esfuerzo legal, aunque no se haya hecho todavía una evaluación sistemática del
impacto con los nuevos criterios que establece esta Ley, responde, entre
otrosfactores, al profundo desequilibrio entre la docencia, investigación y la
extensión que la educación superior dominicana arrastra desde décadas atrás y
que se expresa abiertamente en el retraso del currículo; como lo señalan Rubén
Silié, César Cuello y Manuel Mejía, “No
existe –en la educación superior dominicana- realmente investigación ligada a
la docencia y viceversa, así como tampoco con la extensión. No hay
investigaciones en donde entren los estudiantes a participar, como tarea
obligatoria, de sus asignaturas, trabajos prácticos, tesis, tesinas, trabajos
de graduación y otros. No existen los profesores investigadores que
retroalimenten su docencia con investigaciones propias o de un colectivo de
investigadores en sus respectivas áreas de especialidad”.
Visto
lo anterior, puede afirmarse que la educación superior y, por ende, la
universidad dominicana sigue asumiendo como quehacer distintivo la docencia;
más no la investigación que repercute en la extensión, es decir, en su misión
de hacer generalizable y aplicable el conocimiento.
Como
es de esperarse, la finalidad que persiga la universidad dominicana se verá
comprometida, de forma pasiva o activa, por convicción o por coacción, con
nitidez o confusión, con aspiraciones que la acerquen al desarrollo de la
ciencia y la tecnología. Como destaca Príamo Rodríguez: “le toca a la universidad afirmar por sobre todo un “ethos”
eminentemente académico y humanista, ser una guardiana celosa de la ciencia,
del arte y la cultura patrimonio intangible en el que nos reconoceremos como
seres creadores dotados de razón y sentimientos”.
Por: Dra. Lily Rodríguez
Fuente: La Información Digital
el 4 de diciembre de 2000. En esta resolución, la Asamblea General tomó nota de que en el año 2001 se cumpliría el cincuentenario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 
